La abrogación completa de las reformas educativas implementadas por el anterior gobierno federal sería un paso atrás para México, dijeron los expertos después de que el presidente amenazó el sábado con hacer precisamente eso.
El presidente López Obrador dijo que emitirá un decreto para revocar las reformas si su propio plan de educación es detenido en el Congreso por legisladores de la oposición y el sindicato de maestros CNTE, que argumenta que no va lo suficientemente lejos.
El presidente admitió que hay grupos que no ven favorablemente sus leyes de educación, y agregó que «vamos a estar hablando con todos hasta que haya un acuerdo, pero si toma demasiado tiempo, voy a emitir un decreto para derogar la mal llamada reforma educativa mientras se aprueba la nueva propuesta».
López Obrador dijo que su gobierno no perseguirá a los maestros «como lo intentó la pasada administración», pero dejó claro que tiene la intención de poner fin a la práctica de vender posiciones.
También dijo que los salarios de los maestros serán pagados directamente por el gobierno federal para evitar «desvíos de fondos» a los gobiernos estatales y a los líderes sindicales, y agregó que los maestros no serán sometidos a evaluaciones obligatorias como en el caso del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Si un maestro ha completado estudios en educación, tiene suficiente capacitación para enseñar, acusó López Obrador.
Roberto Rodríguez Gómez, investigador en educación del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue uno de los expertos que advirtió que si el presidente sigue adelante con su plan de derogación por decreto, las consecuencias serán nefastas, ya que México regresará efectivamente al marco legal de la educación que existía antes de 2013.
«Con esta decisión, el sector de la educación volvería a estar en manos del sindicato. Controlarían] todo lo que tiene que ver con la asignación de puestos, el ascenso de los profesores …. y los traslados. También eliminaría la posibilidad de tener los mejores maestros, lo que se asegura a través de las evaluaciones», dijo.
Rodríguez también dijo que el presidente no tiene el poder de cancelar unilateralmente las leyes de educación del pasado gobierno.
«Para derogar la reforma, la constitución necesita ser modificada, pero eso no puede llevarse a cabo a voluntad del presidente, sino que tiene que pasar por los órganos legislativos: la Cámara de Diputados, el Senado y las legislaturas de los estados», dijo.
Marco Fernández, investigador del centro de investigación de políticas públicas México Evalúa, dijo que derogar la reforma equivaldría a «una contradicción con lo que el presidente ha dicho en desacuerdo con las prácticas de herencia y venta de puestos de trabajo[docentes]».
Añadió que fue el «propio marco legal» que existía antes de 2013 el que «permitió que se produjeran estas malas prácticas».
Carlos Arnelas, otro investigador de la UNAM, dijo que «la parte más negativa de la propuesta del presidente es que una vez más el sindicato colonice la educación básica», explicando que «en otras palabras, tendría una capacidad muy fuerte de negociación a nivel estatal y ningún gobernador tendría el poder de enfrentarlos».
Alma Maldonado, investigadora de educación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), dijo que el aspecto más preocupante del plan de derogación es la eliminación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), «porque genera información vital sobre el sector educativo».
La evaluación de los maestros, tal como se estableció en la reforma educativa del gobierno anterior, fue rechazada vehementemente por el sindicato CNTE, que protestó con frecuencia durante toda la presidencia de Peña Nieto.
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