Los críticos condenan al presidente por sus instrucciones de suspender las reformas educativas

El presidente López Obrador ha sido ampliamente condenado por ordenar a tres departamentos del gobierno que suspendan las reformas educativas implementadas por la anterior administración federal.

El presidente envió ayer un memorando a las secretarías de Hacienda (SHCP), Educación Pública (SEP) e Interior (Segob) que les ordena ignorar la legislación promulgada por el ex presidente Enrique Peña Nieto mientras su propio plan de educación es considerado por el Congreso.

«Aunque el proceso de diálogo no llega a un acuerdo… Las autoridades del poder ejecutivo federal dejarán sin efecto todas las medidas que han resultado de la aplicación de la llamada reforma educativa», dice el memorando.

El presidente afirmó que la nómina de los maestros será administrada por el departamento de finanzas para prevenir la corrupción y el departamento de educación administrará los «puestos de enseñanza» para evitar que sean comprados y vendidos y reincorporar a los maestros que fueron despedidos como resultado de «evaluaciones punitivas».

López Obrador también dijo que Segob liberará a los maestros y activistas sociales que fueron injustamente encarcelados por oponerse a las reformas educativas, las cuales, según él, «no han resultado en una mejora en la calidad de la educación» y «han causado una indeseable polarización de la sociedad».

Los partidos de la oposición, el sector empresarial, expertos legales e incluso un legislador del partido en el poder rechazaron rápidamente la medida del presidente, argumentando que era inconstitucional.

Juan Carlos Romero Hicks, líder del Partido Acción Nacional (PAN) en la cámara baja del Congreso, describió el memorando de López Obrador como «legalmente insostenible» y señaló que se emprenderían acciones legales contra él.

«Para empezar, no está fundada ni justificada y por lo tanto carece de validez legal. Es nulo y sin efecto, es un ataque a la división y separación de poderes, y los funcionarios que cumplan con esta instrucción, que es ilegal, podrían estar sujetos a responsabilidad», dijo.

René Juárez, líder de la cámara baja del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también dijo que la directiva del presidente amenaza la división de poderes. Pidió a los dirigentes de la Cámara de Diputados y del Senado que emitieran una declaración contra el memorando.

Los legisladores del Movimiento de Ciudadanos (MC) dijeron que los funcionarios del gobierno no están obligados a cumplir con las instrucciones porque son inconstitucionales y advirtieron que si los burócratas los seguían, podrían ser procesados penalmente e incluso encarcelados.

Rubén Rocha Moya, legislador del partido Morena de López Obrador y presidente de la Comisión de Educación del Senado, también se pronunció en contra de la acción del presidente, afirmando que las reformas educativas no pueden ser anuladas por decreto, sino que deben pasar por un proceso parlamentario adecuado.

Entre los empresarios que condenaron el memorándum del presidente se encontraba Gustavo de Hoyos, presidente de la Federación Mexicana de Empresarios (Coparmex), quien lo llamó «…». Abrogación ilegal y violación sistemática de la ley…»

Coparmex dijo en un comunicado que era «lamentable que debido a las presiones de una sección de un sindicato de maestros, el interés de la sociedad en su conjunto por mejorar el sistema educativo se haya dejado de lado».

La Cámara Nacional de Transformación Industrial (Canacintra) dijo que el memorando era «claramente anticonstitucional, antidemocrático e infringe la división de poderes».

El presidente de Canacintra, Enoch Castellanos, señaló que una persona no puede ser investida con dos o más poderes o poder legislativo único a menos que el Congreso le otorgue al presidente una «autoridad extraordinaria».

El juez retirado del Tribunal Supremo, José Ramón Cossío Díaz, también dijo que el memorando del presidente carece de fundamento jurídico y que las autoridades podrían ser procesadas si siguen sus instrucciones.

«Las propias autoridades administrativas podrían incurrir en responsabilidad en el momento de aplicarlas. Por lo tanto, creo que con una orden de este tipo, el presidente pone a sus propios colegas en riesgo legal».

El abogado constitucional Miguel Carbonell calificó el memorando de «error» y afirmó que no tiene «fundamento jurídico», mientras que el Sindicato Nacional de Padres calificó de «extremadamente lamentable» la derogación efectiva de las reformas, al afirmar que pone en riesgo la educación de los niños del país y que devolvería a México a los años setenta, cuando la venta de puestos de enseñanza era algo habitual.

El memorándum también da más munición a los críticos del presidente que argumentan que está moviendo al país hacia el autoritarismo y concentrando el poder en el ejecutivo federal.

Mientras tanto, la Sección 22 del sindicato de maestros de la CNTE, que ha luchado ardientemente por la derogación de las reformas educativas, dijo que continuará protestando hasta que la reforma desaparezca de la constitución.

«No nos lo creeremos hasta que lo veamos», dijo el dirigente sindical Eloy López Hernández.

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